ANIVERSARIO DEL GOLPE DE ESTADO DE 1976
El dolor cumple 24 años
Por Sergio Sorín *
BUENOS AIRES, 24 de marzo de 2000
La Argentina ingresó este viernes en el 24º aniversario del brutal golpe de Estado de 1976, con el que las Fuerzas Armadas no sólo destrozaron a la República, sino que eliminaron física y socialmente a toda una generación de argentinos.
No sólo la muerte, la desaparición y la tortura diezmaron a los argentinos. Las consecuencias psicológicas sobre las víctimas fueron un calco del ejercicio que los nazis realizaron en el Holocausto.
Incluso hoy no muchas personas se atreven a hablar abiertamente de sus consecuencias: familias destrozadas, ruptura de la historia generacional, desinformación social, transmisión del miedo como referencia política, etc.
Sólo de esta forma se explica que Jorge Rafael Videla y otros militares no cumplan con los arrestos que dispuso la Justicia; o que la mayor parte de organismos de derechos humanos apunten únicamente a encontrar las famosas "fichas" de los desaparecidos y que descuiden la recopilación y entrecruzamiento de datos de otras bases públicas y privadas; o que no pueda aceptarse que los desaparecidos fueron menos de 30 mil, según las investigaciones y recopilaciones más serias desarrolladas hasta el momento.
Lo cierto es que estas cuestiones no hacen que las aberraciones cometidas sean menos graves. Por el contrario, ratifican el hecho cierto de que la sociedad argentina todavía debe transitar un largo camino practicando el estado de derecho para que pueda elegir libremente su propio destino.
El secreto de los archivos de la dictadura
Este jueves la ciudad de Buenos Aires estableció al 24 de marzo como el Día de la Memoria. Sin embargo, y a medida que pasan los años, es la memoria la que cada vez cuesta más reconstruir.
Mientras los gobiernos siguen pasándose la pelota de mano en mano para dirimir la cuestión de los desaparecidos, la Justicia intenta romper el cerco que significaron las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos. Aunque los delitos contra la humanidad no prescriben, los tribunales se abocaron casi exclusivamente en todos aquellos casos vinculados al robo y sustracción de niños por parte de los militares.
Sin embargo, las investigaciones parecen chocar recurrentemente con la falta de información. Tanto Balza como Brinzoni despacharon a sus subordinados en el Ejército la directiva de aportar toda la información disponible. Pero la respuesta era de esperar: un silencio rotundo.
En la Argentina hay dos tipos de archivos: las famosas "fichas" de los desaparecidos y los archivos de instituciones del Estado y privadas.
Con el retorno de la democracia, el general Benjamín Menéndez ordenó la incineración de los archivos (las fichas) que celosamente completaban los grupos de tareas con cada operativo. Apenas seis meses antes de la autocrítica del general Balza se quemaron once libros de internaciones en el Hospital Militar de Campo de Mayo, que según varios expertos podrían contener datos sobre los desaparecidos.
Por otro lado, se estima que una gran cantidad de información aún hoy está disponible en bancos de datos y archivos públicos. Pero encontrarlos en la maraña de documentos de las oficinas públicas e instituciones es un trabajo más que puntilloso.
"Varios organismos de derechos humanos se obsesionan con la existencia de las fichas, pero olvidan toda la otra información disponible", dijo la investigadora. De esta forma, se descuida la recopilación y el entrecruzamiento de datos que hoy las nuevas tecnologías pueden realizar en forma más simple que hace 15 años. Archivos en los tribunales, cementerios, registros civiles, etc. pueden reconstruir al menos una parte considerable de los hechos.
"No hay gente entrenada sobre lo que hay que buscar, los cómo y los dónde. Un empleado de tribunales no necesariamente se dará cuenta de la significación de los datos, sobre todo, si no ha recibido una preparación para este fin", aseguró.
Los desaparecidos y la búsqueda de la verdad
Con una Justicia que no logra doblegar el silencio de los torturadores, el empecinamiento de los familiares de las víctimas por descubrir la verdad parece ser la única herramienta disponible para evitar que la impunidad termine definitivamente por acabar con esta sociedad.
Es así que los organismos defensores de los derechos humanos argentinos se enfrascaron en una discusión que sólo parece servir a unos pocos. ¿En Argentina realmente desaparecieron 30 mil personas?
Según los archivos de la Conadep, unas diez mil personas se encuentran desaparecidas. Según las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos como Abuelas, Hijos y Familiares fueron 30 mil. Pero la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Serpaj, aunque levanta la misma bandera mantienen algunas dudas.
Con una amplia cuota de razonabilidad, la falta de información y la lucha desigual con la que se enfrentaron a la dictadura sirvieron de marco para que se hiciera hasta lo imposible para reunir la información disponible. Miles de denuncias fueron presentadas no sólo a estos organismos, sino también a instituciones de renombre como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnesty International, y distintos países de Latinoamérica.
Cada denuncia fue una herramienta para presionar al poder militar. Pero esas mismas denuncias no siempre fueron debida y exhaustivamente investigadas. La razón es simple: también estaba en juego la vida de los mismos investigadores. Tal es el caso de Azucena Villaflor, una fundadora de las Madres de Plaza de Mayo que fue delatada y desaparecida por Alfredo Astiz.
Aunque muchos lo reconozcan sin afirmarlo públicamente, el armado de las listas tras el proceso fue caótico. El miedo provocó que algunos detenidos que recuperaron su libertad no notificaran a los organismos sobre su liberación; o que exista gente que aún hoy no sepa que fue incluída en los listados de desaparecidos. Es que tan sólo una denuncia de un amigo, familiar o compañero bastaba para ingresarlos en los listados.
Sólo un organismo está trabajando en la reconfirmación de los datos recabados durante los años de terror. El Equipo Argentino de Antropología Forense, ha reconstruido la historia de miles de casos gracias al trabajo metodológico que viene realizando desde 1984.
Hoy, para que la Justicia reconozca a un desaparecido como tal, debe invocarse la ley 24321 de Desaparición Forzada de Personas. Pero como en otros tiempos, no muy lejanos, la letra sigue sin ajustarse a la realidad.
No sólo la muerte, la desaparición y la tortura diezmaron a los argentinos. Las consecuencias psicológicas sobre las víctimas fueron un calco del ejercicio que los nazis realizaron en el Holocausto.
Incluso hoy no muchas personas se atreven a hablar abiertamente de sus consecuencias: familias destrozadas, ruptura de la historia generacional, desinformación social, transmisión del miedo como referencia política, etc.
Sólo de esta forma se explica que Jorge Rafael Videla y otros militares no cumplan con los arrestos que dispuso la Justicia; o que la mayor parte de organismos de derechos humanos apunten únicamente a encontrar las famosas "fichas" de los desaparecidos y que descuiden la recopilación y entrecruzamiento de datos de otras bases públicas y privadas; o que no pueda aceptarse que los desaparecidos fueron menos de 30 mil, según las investigaciones y recopilaciones más serias desarrolladas hasta el momento.
Lo cierto es que estas cuestiones no hacen que las aberraciones cometidas sean menos graves. Por el contrario, ratifican el hecho cierto de que la sociedad argentina todavía debe transitar un largo camino practicando el estado de derecho para que pueda elegir libremente su propio destino.
El secreto de los archivos de la dictadura
Este jueves la ciudad de Buenos Aires estableció al 24 de marzo como el Día de la Memoria. Sin embargo, y a medida que pasan los años, es la memoria la que cada vez cuesta más reconstruir.
Mientras los gobiernos siguen pasándose la pelota de mano en mano para dirimir la cuestión de los desaparecidos, la Justicia intenta romper el cerco que significaron las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos. Aunque los delitos contra la humanidad no prescriben, los tribunales se abocaron casi exclusivamente en todos aquellos casos vinculados al robo y sustracción de niños por parte de los militares.
Sin embargo, las investigaciones parecen chocar recurrentemente con la falta de información. Tanto Balza como Brinzoni despacharon a sus subordinados en el Ejército la directiva de aportar toda la información disponible. Pero la respuesta era de esperar: un silencio rotundo.
En la Argentina hay dos tipos de archivos: las famosas "fichas" de los desaparecidos y los archivos de instituciones del Estado y privadas.
Con el retorno de la democracia, el general Benjamín Menéndez ordenó la incineración de los archivos (las fichas) que celosamente completaban los grupos de tareas con cada operativo. Apenas seis meses antes de la autocrítica del general Balza se quemaron once libros de internaciones en el Hospital Militar de Campo de Mayo, que según varios expertos podrían contener datos sobre los desaparecidos.
Por otro lado, se estima que una gran cantidad de información aún hoy está disponible en bancos de datos y archivos públicos. Pero encontrarlos en la maraña de documentos de las oficinas públicas e instituciones es un trabajo más que puntilloso.
"Varios organismos de derechos humanos se obsesionan con la existencia de las fichas, pero olvidan toda la otra información disponible", dijo la investigadora. De esta forma, se descuida la recopilación y el entrecruzamiento de datos que hoy las nuevas tecnologías pueden realizar en forma más simple que hace 15 años. Archivos en los tribunales, cementerios, registros civiles, etc. pueden reconstruir al menos una parte considerable de los hechos.
"No hay gente entrenada sobre lo que hay que buscar, los cómo y los dónde. Un empleado de tribunales no necesariamente se dará cuenta de la significación de los datos, sobre todo, si no ha recibido una preparación para este fin", aseguró.
Los desaparecidos y la búsqueda de la verdad
Con una Justicia que no logra doblegar el silencio de los torturadores, el empecinamiento de los familiares de las víctimas por descubrir la verdad parece ser la única herramienta disponible para evitar que la impunidad termine definitivamente por acabar con esta sociedad.
Es así que los organismos defensores de los derechos humanos argentinos se enfrascaron en una discusión que sólo parece servir a unos pocos. ¿En Argentina realmente desaparecieron 30 mil personas?
Según los archivos de la Conadep, unas diez mil personas se encuentran desaparecidas. Según las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos como Abuelas, Hijos y Familiares fueron 30 mil. Pero la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Serpaj, aunque levanta la misma bandera mantienen algunas dudas.
Con una amplia cuota de razonabilidad, la falta de información y la lucha desigual con la que se enfrentaron a la dictadura sirvieron de marco para que se hiciera hasta lo imposible para reunir la información disponible. Miles de denuncias fueron presentadas no sólo a estos organismos, sino también a instituciones de renombre como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnesty International, y distintos países de Latinoamérica.
Cada denuncia fue una herramienta para presionar al poder militar. Pero esas mismas denuncias no siempre fueron debida y exhaustivamente investigadas. La razón es simple: también estaba en juego la vida de los mismos investigadores. Tal es el caso de Azucena Villaflor, una fundadora de las Madres de Plaza de Mayo que fue delatada y desaparecida por Alfredo Astiz.
Aunque muchos lo reconozcan sin afirmarlo públicamente, el armado de las listas tras el proceso fue caótico. El miedo provocó que algunos detenidos que recuperaron su libertad no notificaran a los organismos sobre su liberación; o que exista gente que aún hoy no sepa que fue incluída en los listados de desaparecidos. Es que tan sólo una denuncia de un amigo, familiar o compañero bastaba para ingresarlos en los listados.
Sólo un organismo está trabajando en la reconfirmación de los datos recabados durante los años de terror. El Equipo Argentino de Antropología Forense, ha reconstruido la historia de miles de casos gracias al trabajo metodológico que viene realizando desde 1984.
Hoy, para que la Justicia reconozca a un desaparecido como tal, debe invocarse la ley 24321 de Desaparición Forzada de Personas. Pero como en otros tiempos, no muy lejanos, la letra sigue sin ajustarse a la realidad.
* Sergio Sorín es periodista especializado en derechos humanos y Director de Prensa de Derechos Human Rights Argentina. Además, es miembro de Amnesty International Argentina y parte del staff de noticias de El Sitio.
